En julio de 2013, en una decisión inédita, la Primera Vara de la Hacienda Pública de São Paulo ha solicitado informaciones sobre la oferta de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en la Cárcel Femenina Sant’Ana (Zona Norte de la capital paulista), después de analizar la Acción Civil Pública (ACP) movida por Ação Educativa, la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, Conectas Derechos Humanos, Geledés – Instituto de la Mujer Negra, Instituto Praxis de Derechos Humanos, Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC) y Pastoral Carcelaria, instituciones que componen el Grupo de Trabajo en Defensa del Derecho a la Educación en las Prisiones.
La ACP se basaba en la investigación realizada por las mismas instituciones, que ponía en evidencia el conflicto de horario entre el funcionamiento de la escuela y los talleres de trabajo en la unidad, lo que impedía gran parte de las mujeres a frecuentar la escuela.
La Justicia no aceptó las justificativas del Gobierno del Estado de São Paulo y determinó que las entidades proponentes de la ACP actualizaran las informaciones sobre la demanda por educación de aquella unidad, que ha sido presentado entre los días 24, 25 y 26 de marzo de 2014, mediante entrevistas con 133 presas – casi 5% del total de la población de esa unidad.
Este boletín presenta la síntesis de las informaciones colectadas y encaminadas al Poder Judicial y también revela lo reducido del impacto de la aplicación de la Ley nº 12.433/2011, que ha cambiado la Ley de Ejecución Penal (LEP – Ley n. 7.210/1984), estableciendo la reducción de pena para las personas que estudian, la proporción de 1 día para cada 12 horas de estudios. La LEP ya determinaba que a cada 3 días de trabajo, 1 día de pena seria disminuida.